lunes, 25 de junio de 2012

BOLETÍN DE PRENSA SE OFICIALIZÓ PROPUESTA DE ARBITRAJE ELECTORAL CIUDADANO ANTE EL CNE PARA GARANTIZAR EQUIDAD MEDIÁTICA EN EL PROCESO ELECTORAL


 
BOLETÍN DE PRENSA
SE OFICIALIZÓ PROPUESTA DE ARBITRAJE ELECTORAL CIUDADANO ANTE EL CNE PARA GARANTIZAR EQUIDAD MEDIÁTICA EN EL PROCESO ELECTORAL  
"El Centro de Observación Ciudadana, en su calidad de Observador Electoral Ciudadano, Miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RED-LAD, oficializó hoy su propuesta de implementación del Arbitraje Electoral como mecanismo ciudadano de garantizar, promover y ejecutar revisoría social sobre la equidad mediática durante la campaña político-electoral próxima", afirmó Xavier Buendía, Presidente de la organización de la sociedad civil proponente.
 
La propuesta que también está siendo puesta en consideración de los sujetos políticos acreditados hasta el momento, tiene como finalidad determinar la voluntad de la autoridad electoral y de los partidos y movimientos políticos, de suscribir el ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CNE Y LOS SUJETOS POLITICOS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARBITRAJE ELECTORAL CIUDADANO.
Amparados en los preceptos constitucionales a la participación y control social y en lo determinado por el Art.177 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia que faculta dirigir denuncias a los organismos electorales que correspondan, para la debida investigación y que para el efecto, el Consejo Nacional Electoral brindará a los observadores las garantías necesarias para cumplir adecuadamente su tarea, garantizando además, la libertad de comunicación con los sujetos políticos y demás personas y organismos que deseen contactar, y el acceso a documentos públicos.
Sobre la base de la necesidad de sistematizar la información de la cobertura del proceso electoral con el objetivo de mejorar su calidad, evitar el discrimen, parcialidad, el ejercicio arbitrario de la norma en las actuaciones de las autoridades electorales, se propone este instrumento ciudadano que proporcione los elementos para ejercer el derecho a exigir una información que haga posible tomar adecuadas decisiones, para lo cual es necesario determinar la forma en que los medios procesan y transmiten la información electoral, desarrollan las entrevistas y reportajes y admiten las sugerencias e intervención de la ciudadanía organizada, acreditada y especializada en estos temas, para mejorar sus niveles y estándares de calidad, en la cobertura informativa electoral.
 
El objeto central de la propuesta es impedir los efectos negativos de una posible "veda electoral", bajo los mecanismos del ejercicio de una cláusula de arbitraje y un acuerdo de sometimiento, firmado por todos los sujetos políticos habilitados y la autoridad electoral, en la que el árbitro único es la ciudadanía organizada y acreditada para la observación electoral, garante de la equidad mediática en la campaña.
 
El procedimiento que se propone es implementar una fórmula para escuchar las quejas del público o de los sujetos políticos, en contra de la actuación de los medios de comunicación que sea expedito. Se considerará las quejas relacionadas con el desarrollo del proceso electoral en los medios de comunicación públicos y privados, incluyendo los intentos de presión para una cobertura tendenciosa. Se informará a la autoridad electoral de estas quejas, incluyendo, una investigación del caso y la respectiva sugerencia de remediación inmediata. Se jerarquizarán las observaciones generales sobre la calidad esperada de la cobertura informativa de los medios de comunicación durante el proceso electoral. La autoridad electoral no podrá intervenir en las operaciones de noticias y de programación de los medios.
 
Se actuará como garante de la equidad electoral en los espacios públicos y privados de radio, televisión, prensa e internet y se promoverá la difusión de espacios de debate en mayor proporción que los de propaganda. El laudo arbitral o las decisiones que se emanen están jurídicamente respaldadas en los derechos constitucionales y legales a la participación ciudadana y el control social.
 
 
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