BOLETÍN DE PRENSA
PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN NO PENALIZA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, CASO EL UNIVERSO ES NULO
El art. 23 del Proyecto de Ley de Comunicación preparado por el bloque parlamentario de Alianza País, en el que se define a la responsabilidad solidaria, no determina responsabilidades de carácter penal para los dueños de los medios de comunicación o sus accionistas por informaciones que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública.
Esto es un reconocimiento expreso de que no existe en la doctrina jurídica la responsabilidad solidaria penal de las personas jurídicas, por lo tanto la responsabilidad indilgada a los propietarios de Diario El Universo de manera solidaria, carece de todo fundamento legal y por lo tanto se crea el antecedente jurídico, para que su sentencia deba ser declarada nula e improcedente, por carecer de sustento en Derecho la acusación que dio origen al juicio.
A esta conclusión llegaron los miembros del Comité Ciudadano Internacional por la Libertad de Opinión, coordinado por el Centro de Observación Ciudadana, en un estudio sobre el texto del polémico proyecto de ley.
Ese estudio propone:
· 1. La eliminación del uso del concepto de atentado a la seguridad pública del Estado para generar sanciones.
· 2. La obligatoriedad de que el futuro Consejo de Regulación Y Desarrollo de la Comunicación lleve obligatoriamente una consulta pública, para determinar los procedimientos para la administración del espectro radioeléctrico y la asignación de frecuencias, cuyos resultados sean de obligatorio cumplimiento. Proceso de consulta pública que deberá ser vigilado por una Auditoria Ciudadana, creada de manera independiente y no por el Consejo de Participación Ciudadana.
· 3. Incluir un artículo en el que se determine que los medios de comunicación sean gestores del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de ciudadanos y ciudadanas, mediante la difusión de las acciones de cumplimiento o incumplimiento por parte de autoridades y funcionarios públicos.
"Estos son asuntos sustanciales que deben permitir prevenir y subsanar el estado de judicialización de la opinión que pone en grave riesgo la estabilidad democrática y la convivencia en el Ecuador", señaló Xavier Buendía, Presidente del Centro de Observación Ciudadana
"NUESTRA REFORMA ES LA SOLIDARIDAD"
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